Análisis: impacto de las TI en el actual gobierno de El Salvador

Geraldine Varela

Aunque los jerarcas de turno han hecho lo posible por traer los avances tecnológicos a este país centroamericano, muchas de sus reformas carecen de fundamento y no benefician a toda la población.

Geraldine Varela

A pesar de que El Salvador no es uno de los países más avanzados en tecnología de la región, su actual gobierno ha hecho algunos esfuerzos por ponerse al día en este tema. Desde la asignación de becas y la dotación de herramientas tecnológicas, hasta el fomento de la investigación, son parte de los logros alcanzados por el Viceministerio de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación (MINED).

Como parte del Programa Una Niña, Un Niño, Una Computadora, la actual gestión inauguró la primera Planta de Ensamblaje de Computadoras de Centroamérica y el Caribe; no obstante, este proyecto ha sido severamente criticado por el poco conocimiento que poseen muchos docentes y alumnos sobre el uso de estos aparatos, así como que algunos de los beneficiarios residen en zonas donde no hay energía ni Internet.

Por otra parte, el proyecto de Estandarización y Actualización de los Sitios Web del Gobierno de El Salvador, bajo la dirección y coordinación de ITIGES (Dirección de Innovación Tecnológica e Informática del Gobierno de El Salvador) y el financiamiento de la Agencia de Cooperación Española para el Desarrollo, también ha dado resultados  positivos.

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Muchas de las páginas del Estado se han vuelto más útiles para la población y diversas entidades gubernamentales facilitan a los usuarios la posibilidad de efectuar distintos trámites por medio de la web.

La transición a la televisión digital es otro proceso que tiene avances significativos en el país y que podría llegar a su etapa final este año.

Sin embargo, aún existen planes tecnológicos pendientes como la implementación de la firma electrónica. Aunque ya hay una legislación que da luz verde a este proyecto, no se ha desarrollado el reglamento y la licitación para adquirir infraestructura de clave pública (PKI, por sus siglas en inglés), la cual serviría para certificar a la Unidad de Firma Electrónica como el ente acreditador de las instituciones interesadas en prestar este servicio.

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