Investigan irregularidades en el #CasoMizrachi

Boris Ríos

El empresario panameño Mayer Mizrachi tiene un permiso de cinco días para tramitar su refugio en el vecino país de Colombia, según fuentes internacionales.

La decisión de Migración de Colombia se dio luego de que Mayer solicitara asilo el 23 de junio alegando persecución política por parte del Gobierno panameño. Mayer dice que regresará al país pero hasta que se cumplan sus condiciones.

La salida de Mizrachi de la cárcel La Picota se dio tras pagar una fianza que suspendió su extradición a Panamá. Esto llevó a que Migración Colombia denunciara penalmente al mayor Fabio Becerra, director de ese centro penitenciario.

Para las autoridades migratorias, la salida “irregular” de Mizrachi de la cárcel donde se encontraba privado de su libertad desde diciembre del año 2015, lo hace ser un prófugo de la justicia, según reportes de medios colombianos.

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Mizrachi está siendo investigado por la justicia de Panamá por supuestas irregularidades en el contrato público de mejora y digitalización de los sistemas de comunicación de las instituciones de seguridad en el país.

Se trata de una plataforma de Criptext que sirve para crear licencias para aplicaciones móviles, licencia de uso y un sitio web donde administrarían las aplicaciones. El sistema fue creado para el Gobierno en la administración del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), donde garantizaba privacidad en las comunicaciones y sería instalado en el Ministerio Público, la Policía Nacional, los Ministerios de Seguridad y la Presidencia.

El proceso legal continúa vigente y se mantiene el 24 de agosto de 2016 como fecha de la audiencia preliminar del caso que se le sigue.

Silvio Guerra, abogado del imputado en Panamá, dijo en el noticiero de Telemetro que su cliente “está amparado por la mera petición de asilo” y contra “la supuesta orden de expulsión que ha dado Migración en Colombia”.

Agregó que “no tiene ninguna restricción, a excepción de la supuesta expulsión. Y digo supuesta, porque Mayer no ha sido notificado”.

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AIG se pronuncia

A raíz de la información y nuevos elementos que han sido divulgados en una entrevista realizada a Mayer Mizrachi Matalon en un medio de comunicación y redes sociales, la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) aclaró a la opinión pública, a través de un comunicado, el contexto de la denuncia interpuesta ante las autoridades competentes sobre el caso Criptext .

Entre varios puntos señala y reitera que “el Informe de Auditoría Interna de la AIG, iniciado en mayo de 2014, y el subsecuente Informe de Auditoría de la Contraloría General de la República, establecieron que existían actuaciones que podrían ser consideradas como “…posible lesión patrimonial por la suma de US$211 850 al erario público de la AIG debido a que se desembolsó recursos económicos por un bien o servicio que no recibieron las entidades objeto el Contrato No. 19-2014…” a raíz de una contratación directa sustentada en Seguridad Ciudadana”.

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